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Informes periciales psicológicos en el proceso judicial

IMG_1712Los informes periciales de carácter psicológico -o el también denominado peritaje psicológico- tienen como objetivo el análisis exhaustivo del comportamiento humano en su relación con el entorno de la ley y del derecho. Según establecen las leyes, los informes periciales psicológicos resultan necesarios y convenientes cuando se requiere utilizar los conocimientos científicos, artísticos o prácticos como medios de prueba aportados por los peritos en un proceso judicial, según contemplan los artículos 1242 del Código Civil, 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los jueces acuden cada vez con más frecuencia a los psicólogos -privados o pertenecientes a la propia Administración de Justicia- para la elaboración de informes periciales psicológicos que les asesoren en la valoración de todas las cuestiones relacionadas con el estudio de las condiciones psicológicas de los sujetos o actores jurídicos implicados. Ejemplo de la relevancia que ha ido adquiriendo el recurso a estos informes viene plasmada en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9624) donde se afirma que “la psicología permite aportar medios de conocimiento, que el Tribunal no podría ignorar en su juicio sobre la credibilidad del testigo y que, por sí mismo no podría obtener en razón del carácter científico especializado de los mismos”. Y para ello, el psicólogo, en su papel de perito, posee la experiencia y profesionalidad necesarias y, mediante la prueba pericial, puede aportar a los tribunales mayores elementos de juicio de los que informa siempre a los mismos, sobre sus conocimientos y conclusiones, bajo juramento.

Sin embargo, aunque queda clara la importancia que se otorga a los informes periciales psicológicos, los contenidos de los mismos, aún demandados por el juez encargado de la instrucción de la causa, no son vinculantes para el dictamen final según se dispone en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tanto los jueces como los tribunales escuchan los dictámenes y resultados de las pruebas psicológicas, pero no tienen que ceñirse estrictamente a ellos. En caso de tener diferencias con las conclusiones del psicólogo, el representante de la ley puede inclinarse por teorías que, incluso en algunos casos, contradigan las conclusiones aportadas por el perito, debiendo expresar claramente cuáles son las razones de su decisión contraria o diferente a la del profesional encargado del informe.

Desde este punto de vista, los informes periciales psicológicos constituyen el medio para la valoración de un elemento de prueba, convirtiendo al psicólogo en un auxiliar, en materia psicológica, del juez. Así, el perito se ha ido introduciendo progresivamente en la Administración de Justicia, para ofrecer asesoramiento en las materias concernientes a la ciencia psicológica. De este modo, en el informe pericial, se valoran las circunstancias psicológicas de interés para el proceso judicial, sin que el perito en ningún momento deba  “entrometerse” en el ejercicio de las funciones propias del juez, ni sugiera tener ni aporte clase alguna de conocimiento jurídico, ya que así se desviaría del auténtico significado del informe pericial psicológico realizado.

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